El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar un año la implantación obligatoria de VeriFactu, el nuevo sistema de control de facturación diseñado por la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal. La obligación, que estaba prevista para 2026, se traslada ahora a 2027, dando un respiro a pymes y autónomos, así como a los proveedores de software que aún no habían culminado su adaptación.

Según el nuevo calendario, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán utilizar sistemas de facturación adaptados a VeriFactu a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y pequeños negocios dispondrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027. El esquema original fijaba esas fechas un año antes: 1 de enero y 1 de julio de 2026, respectivamente.

La medida se aprobará mediante real decreto-ley en el Consejo de Ministros y se enmarca tanto en el desarrollo de la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal como del Real Decreto 1007/2023, que estableció los requisitos técnicos de los sistemas informáticos de facturación y definió el marco del propio VeriFactu.

Un Real Decreto-ley pendiente de convalidación

Aunque el cambio de fechas supone un respiro para el tejido empresarial, la prórroga no es todavía definitiva. Al tratarse de un Real Decreto-ley, el texto deberá ser remitido al Congreso de los Diputados, que dispondrá de un plazo máximo de 30 días para debatirlo y votar su convalidación o derogación.

En la práctica, todo apunta a que el nuevo calendario saldrá adelante, pero la tramitación parlamentaria podría introducir matices o condicionantes políticos. Hasta que no se produzca la convalidación, la reforma queda pendiente de ese último trámite institucional.

¿Qué es VeriFactu y por qué preocupa tanto?

VeriFactu es una modalidad dentro de los denominados Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) que obliga a los programas de facturación a generar registros inalterables de cada factura, incorporando firma electrónica, huellas digitales (hash) y códigos QR, y permitiendo —de forma voluntaria— el envío automático de esa información a la Agencia Tributaria en el momento de su emisión.

El objetivo declarado es doble: por un lado, cerrar la puerta al software de doble uso que permite ocultar ventas; por otro, mejorar la trazabilidad y transparencia de las operaciones, facilitando el control tributario y reduciendo la economía sumergida.

Para muchas empresas, sin embargo, el despliegue de VeriFactu no es una mera actualización de software, sino un proyecto completo de transformación digital: implica revisar procesos internos, integrar nuevos programas con los sistemas contables y de gestión ya existentes, formar al personal y garantizar que todos los dispositivos y sedes cumplen las nuevas exigencias técnicas.

Un respiro… pero no una marcha atrás

El aplazamiento a 2027 no supone una renuncia al modelo, sino una ampliación del período de adaptación. Hacienda mantiene intacta la filosofía de la reforma: avanzar hacia un entorno en el que cada factura emitida deje un rastro digital seguro, verificable y, si el contribuyente así lo decide, comunicado automáticamente a la Agencia Tributaria.

Para las pymes y los autónomos, el nuevo calendario ofrece tiempo adicional para:

  • Elegir o actualizar sus programas de facturación para que cumplan los requisitos del Reglamento.

  • Probar el sistema en entornos de prueba o en paralelo al software actual, minimizando errores.

  • Aprovechar ayudas a la digitalización y soluciones específicas ofrecidas por proveedores tecnológicos.

Las organizaciones empresariales ven el retraso como una “victoria parcial”: se reduce la presión a corto plazo, pero la obligación seguirá ahí y, de hecho, se enmarca en una tendencia imparable hacia la digitalización y el control en tiempo real de la facturación, que convive además con la futura generalización de la factura electrónica en el marco de la denominada Ley Crea y Crece.

Próximos pasos para empresas y autónomos

A la espera de que el real decreto-ley se publique en el Boletín Oficial del Estado y se concreten todos los detalles del nuevo calendario, los expertos recomiendan no interpretar el retraso como una invitación a la inacción. Por el contrario, la prórroga ofrece una ventana más amplia para planificar con calma:

  • Evaluar el grado de digitalización actual del negocio.

  • Consultar con asesores fiscales y proveedores de software qué soluciones VeriFactu-compatibles existen.

  • Diseñar un cronograma interno que permita llegar a 2027 con el sistema plenamente operativo y el personal formado.

En definitiva, Hacienda pisa el freno en los plazos, pero mantiene el rumbo: la facturación controlada digitalmente y con registros inalterables será la norma en pocos años. El desafío para pymes y autónomos es aprovechar este año extra para prepararse y convertir una obligación en una oportunidad de modernización.